La empresa padece problemas como la falta de una estrategia sólida de defensa, lo que aumenta el riesgo de perder casos legales importantes. Esto puede resultar en fallos judiciales adversos, que conllevan sanciones económicas, daños reputacionales, o la imposición de restricciones operativas. La inadecuada preparación o representación legal puede provocar costos legales elevados y prolongar los litigios, lo que afecta la estabilidad financiera de la empresa. Además, la falta de un equipo jurídico competente o de coordinación entre el equipo legal interno y los abogados externos puede generar errores procesales, pérdida de plazos o documentación incorrecta, lo que debilita la posición de la empresa en los tribunales. Todo esto afecta la capacidad de la organización para defenderse eficazmente en situaciones críticas, comprometiendo su reputación y viabilidad a largo plazo.
